Incomoda el caso Paraguay a AL

El viernes pasado Fernando Lugo dejó de ser presidente de Paraguay. El Congreso de su país lo destituyó como resultado de un juicio político aplicado al atribuirle “un mal manejo del gobierno”, tras el violento desalojo de un predio cuyo saldo fue de 17 muertos.

La sorpresiva destitución, por la celeridad con que se dio, ha generado reacciones en los países de Sudamérica. La más virulenta, la del presidente venezolano Hugo Chávez, quien, además de rechazar la destitución y no reconocer al presidente sustituto, ha ordenado la suspensión del suministro de petróleo a Paraguay. Ecuador, Argentina y Brasil han condenado el juicio político y su resultado.

Más allá de las posturas maniqueas que este evento político puede suscitar, es interesante su complejidad legal y política. Destaca, en primera instancia, la realización de un juicio político a un presidente. Nos hemos acostumbrado en toda Latinoamérica a ver que los legisladores y ministros mantienen sus fueros y, por lo general, malentienden esta atribución legal para usufructuar esa condición con actos lesivos que quedan en la impunidad. Y no se diga a los presidentes, personajes omnipotentes cuyas malas acciones de gobierno nunca son castigadas. Pese a que en la mayoría de los países latinoamericanos la figura legal del juicio político existe, casi nunca es aplicable.

Es cierto, sorprende que al ahora ex presidente paraguayo fuera llevado a juicio por la muerte de 17 personas en un operativo de desalojo mal planeado y peor aplicado, pero asombra que, por ejemplo, al presidente mexicano Felipe Calderón no se le enjuicie por los 50 mil muertos producto de una mal conceptualizada –por decir lo menos- guerra contra el narcotráfico; ni al presidente chileno Sebastián Piñera, por las constantes represiones a las marchas estudiantiles; ni al presidente Evo Morales, por la aprehensión masiva de indígenas cuando reclaman tenencia de tierra; menos aún al presidente colombiano Juan Manuel Santos por el mal manejo de su guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua en nuestra región.

En buena medida, los intereses que detentan los grupos parlamentarios en los Congresos de los países impiden la debida aplicación de esta figura jurídica que sirve para fortalecer los sistemas de justicia, para equilibrar los poderes Judicial y Ejecutivo y para responsabilizar a los gobernantes de sus actos. Un juicio político llevado a cabo contribuye a un sistema de justicia más eficaz, y atenerse a su resultado fortalece la democracia porque respeta su legalidad.

Esto explicaría la desmedida reacción de Hugo Chávez y de otros presidentes, quienes quieren ver en esta destitución un golpe de Estado o, en términos simplistas, el triunfo de la oligarquía e intereses imperialistas sobre un gobierno de izquierda reformista. A estos presidentes lo que esto suscita es el temor natural a que un acto jurídico de esta naturaleza se extienda a sus países.

Sin embargo, al interior de Paraguay queda la imagen de la imperfección de su sistema de justicia y que el equilibrio de poderes Judicial y Ejecutivo no es el óptimo. La celeridad de la resolución del juicio político dejó sin oportunidad de defensa legal al ahora ex presidente Lugo, y mostró que, sin apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, que lo había llevado al poder, quedó al garete de la decisión de un Congreso mayoritariamente opositor.

A Fernando Lugo le restaban nueve meses para concluir su gestión como presidente de Paraguay. Evidentemente, este hecho influirá en las elecciones próximas de alguna manera. Lo que queda claro es que Lugo pagó el precio de no preservar sus apoyos partidistas, y por ahora es una víctima de los intereses políticos y de la ineficacia policial que realizó mal un desalojo.