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Violencia comunitaria

Manlio Fabio Beltrones y Ángel Aguirre Rivero, legislador y gobernador de Guerrero, respectivamente, son la muestra de cómo las mafias del narco han infiltrado a la política mexicana. No se necesitan las grandes investigaciones para aclarar el panorama por donde mueven sus declaraciones estos dos personajes de la vida nacional: Fabio Beltrones dice que “no podrá ninguna autoridad refugiarse en guardias comunitarias para no atender lo que es su responsabilidad de dar seguridad a los habitantes de su entidad. Eso sería una irresponsabilidad”, mientras Aguirre Rivero aseguró, con un estilo ranchero y rancio que el senador priista quedó “anclado en el pasado” y dijo que eso muestra su origen político. Una muestra de la declaracionitis que aqueja este país y de incapacidad.

El legislador debería dedicarse a mejorar las leyes y, por supuesto, a ser un respetuoso de nuestra Carta Magna, la cual impide la creación de policías comunitarias o de instituciones que suplanten a los poderes que legalmente tenemos. Y el gobernador debería acabar con la inseguridad que aqueja el territorio que desgobierna. Además, ya tiene el gran mérito de tener a la segunda ciudad más violenta del mundo: Acapulco. Ambos, deberían, pero ahora se dedican a payasear en los medios de comunicación que están ávidos de estos espectáculos grotescos. Y, ambos, son cómplices de las mafias del narco mientras sigan comportándose con tanta irresponsabilidad.

Porque la mejor forma de no hacer, lavarse las manos y esconderse en el prurito de la incapacidad es, para un gobierno federal, estatal y municipal, dejar que se creen las policías comunitarias o dar permiso a la sociedad para que por su propia mano encuentre justicia. Legalmente es imposible porque constituimos un Estado libre y soberano, por el que pagamos impuestos para recibir (al menos esa es la utopía) seguridad, entre otros muchos beneficios.

Social y moralmente las policías comunitarias son una respuesta al exceso de la incapacidad gubernamental para frenar a las mafias de delincuentes, pero abren la vulnerabilidad social para exigirle a las autoridades que cumplan con su deber. Se han lavado las manos y la cara. Es como una especie de linchamiento cuando debe imperar el respeto a las leyes. Ahora sólo basta esperar a que las policías comunitarias fallen, se infiltren de delincuentes, queden vulnerables a los designios de los seres humanos y el poder, sean incontrolables y se conviertan en otro bastión que ganen las mafias del narcotráfico.

El Estado expone a la sociedad con la creación de las policías comunitarias; ofrece a las organizaciones un flanco abierto a la delincuencia -bien organizada- que busca estos frentes vulnerables para infiltrar y comprar como territorios ganados. Las policías deben ser instituciones marciales, con leyes y reglas que las rijan, y no clubes de futbol y buenas intenciones.

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